El PSOE de Huelva ha acusado este jueves al alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), de «mentir» al anunciar un nuevo centro de salud en el municipio porque «no hay partida en los presupuestos», toda vez que ha remarcado que la localidad es «ejemplo» del «desastre sanitario en el que el PP tiene asumida a la provincia».
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa, el parlamentario andaluz Mario Jiménez, junto a la diputada provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento cartayero, Pepa González Bayo, quien ha lamentado el «abandono» del centro de salud de Cartaya, «desde que gobierna el Partido Popular», porque está «lleno de carencias, necesita inversión en personal y está desbordado en los cupos con los que se atiende».
Además, Jiménez ha señalado que «hay unas listas de espera por las cuales es imposible conseguir una cita de atención primaria en este centro de salud antes de 15 días».
«Esa es la realidad sanitaria de Cartaya y no la que pretende vender el alcalde, Manuel Barroso, del Partido Popular, que lo único que hace es estar tapándole las vergüenzas al Gobierno andaluz, porque en el municipio, igual que en el conjunto de Andalucía, no hay una política sanitaria que de verdad dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos», ha abundado el parlamentario.
Al respecto, ha incidido en que la Junta «no puede tener una política sanitaria» porque «el gobierno de Juanma Moreno ha robado a la sanidad pública andaluza más de 5.000 millones de euros que han terminado en las manos de las grandes empresas privadas que se dedican a la gestión sanitaria».
«Cuando se sacan 5.000 millones de euros de la sanidad pública termina pasando este tipo de cosas. Ni se invierte en la red sanitaria pública ni se tiene el número de médicos necesarios para atender a la población. Además, se disparan las listas de espera y la gente sufre una sanidad que no resuelve sus problemas ni garantiza su salud ni permite afrontar un proceso de enfermedad con las garantías necesarias, como hemos visto con la gestión del cáncer, especialmente el cáncer de mama, en toda Andalucía, también en la provincia de Huelva», ha aseverado.
Asimismo, el parlamentario ha subrayado que «la realidad, por mucho que mienta el alcalde», es que «hay un centro de salud desbordado y no hay perspectiva, ni a corto ni a medio plazo, de que Cartaya tenga un nuevo centro». «Se le ha mentido a los cartayeros y cartayeras porque en los próximo años el municipio no va a tener un centro de salud».
Por su parte, la diputada provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento cartayero, Pepa González Bayo, ha reiterado que el alcalde ha mentido al anunciar un nuevo centro de salud en el municipio porque en los presupuestos de la Junta de Andalucía, aprobados en el mes de diciembre, «no aparece ninguna partida presupuestaria».
«No hay presupuesto, no hay inversión, no hay calendario de trabajo, luego no hay nuevo centro de salud para Cartaya. Esta es la realidad del Partido Popular. Miente y miente buscando el voto del ciudadano y jugando con la salud del ciudadano, ya que prometió en 2023 un nuevo centro de salud y a las puertas de unas elecciones andaluzas, se hace un vídeo diciendo que hay una partida presupuestaria en los presupuestos de la Junta de Andalucía para ese nuevo centro de salud. Es mentira», ha señalado.
Así, ha indicado que su partido reclama un nuevo centro de salud «con inversión reflejada en los presupuestos» y «equipado con las últimas tecnologías y con profesionales, que pueda cubrir la merma que tiene el actual».
«El PP, con Manuel Barroso y Juanma Moreno Bonilla, juega con la dignidad y con la salud de los cartayeros y no se lo vamos a permitir. Nosotros queremos un nuevo centro de salud, con inversión, con calendario y con fecha de comienzo. Hoy solo tenemos humo», ha finalizado.
«SITUACIÓN DESASTROSA EN LA PROVINCIA»
No obstante, el parlamentario andaluz ha incidido en que el caso de Cartaya «no es aislado», ya que «la situación en Huelva es absolutamente desastrosa», puesto que, a su juicio, es la provincia «más maltratada y peor tratada por el gobierno de Juanma Moreno en todas las materias».
«Hay como una especie de maldición para la derecha, por la cual cuando gobierna se destroza, se ataca los intereses de los onubenses. Pero es que en política sanitaria es especialmente sangrante la situación», ha enfatizado.
Así, por un lado, se ha referido a las listas de espera de la provincia que son «las peores de Andalucía», ya que «solo en el Hospital Juan Ramón Jiménez hay más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar». «Esos son 50.000 personas que tienen pendiente saber cuál es la situación de su salud, que se enfrentan a procesos, algunos de ellos muy graves, y que no saben si ese retraso puede terminar simple y llanamente costándole la vida».
Por otro lado, se ha referido al «abandono de las infraestructuras sanitarias», aunque se ha centrado en el Hospital Materno Infantil después de conocerse que «la promesa eterna sufre un nuevo retraso». «La Junta ha estado engañando a los onubenses, poniendo fechas, y otra vez una chapuza administrativa en la gestión del Servicio Andaluz de Salud que lleva a que no se vaya a activar inmediatamente la construcción del materno infantil. No nos han dicho ni siquiera cuánto va a dilatarse la puesta en marcha de esa obra», ha criticado.
En este sentido, el socialista ha advertido que «todo esto tiene un nombre detrás que es la corrupción», toda vez que ha incidido en que este miércoles «se abría un nuevo proceso judicial, ahora en la provincia de Córdoba, por malversación contra la que la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud para toda Andalucía» porque «presuntamente, se ha usado de manera irregular el dinero de la sanidad pública para cebar a las empresas de la sanidad privada, despreciando absolutamente los informes de la intervención de la Junta de Andalucía, que advertían de que era ilegal».
«Ya son tres provincias, Sevilla, Cádiz y Córdoba, por lo que estamos ante una trama que ha planificado el asalto a la sanidad pública andaluza. Este miércoles se abrió en Córdoba y con toda seguridad a lo largo de los próximos meses será en las ocho provincias andaluzas, porque en todas se ha actuado de la misma manera: se ha usado el dinero de la sanidad pública para engordar a la sanidad privada, despreciando absolutamente las normativas jurídicas», ha finalizado.
(EP)