El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha dado a conocer las dos mociones que elevarán al pleno de este miércoles, centradas en la defensa de los servicios públicos y el empleo en la provincia.
En la referente a la alarmante situación del transporte sanitario, el Grupo Socialista exige frenar la privatización por parte de Moreno Bonilla de este servicio público y que se apoye al consorcio onubense de ambulancias. Así, Rubén Rodríguez ha expresado la “profunda preocupación del Grupo Socialista ante la reciente adjudicación de este transporte sanitario, una decisión que deja fuera al consorcio onubense de ambulancias, integrado por cinco empresas de la provincia y que han venido prestando este servicio durante más de 30 años”.
El diputado socialista ha señalado que “esta adjudicación, vinculada a un fondo de inversión, afecta directamente a más de 350 familias onubenses, cuyos trabajadores y trabajadoras se encuentran en una situación de gran incertidumbre laboral”.
“Asimismo, -ha proseguido- supone la exclusión de pequeñas y medianas empresas locales en favor de grandes estructuras empresariales, debido a la aplicación de criterios económicos que no se ajustan a la realidad del sector ni al volumen de la prestación del servicio”.

Rubén Rodríguez ha advertido de que esta actuación “representa un nuevo paso hacia la privatización de la sanidad pública, poniendo en riesgo la calidad del transporte sanitario, especialmente en los municipios rurales”. En este sentido, ha alertado de posibles consecuencias “como el deterioro en los tiempos de respuesta y la cobertura del servicio, pudiendo derivar en situaciones de riesgo para la ciudadanía, particularmente en casos de emergencias graves como ictus o infartos”.
Del mismo modo, ha subrayado la preocupación de que este modelo pueda implicar, directa o indirectamente, un encarecimiento del servicio o una pérdida de su carácter universal y público. Por ello, la moción plantea instar a la Junta de Andalucía a revisar el procedimiento de adjudicación, garantizando criterios que prioricen la calidad del servicio, el arraigo territorial y la estabilidad laboral; paralizar el proceso de privatización hasta que se evalúen sus consecuencias sociales, laborales y asistenciales; reconsiderar la inclusión del consorcio onubense; garantizar la continuidad laboral de los más de 350 trabajadores y trabajadoras afectados y asegurar un servicio público de calidad con criterios de transparencia”.
Moción en defensa del carácter público de los puertos andaluces y de la plantilla en Huelva
En la otra moción, el Grupo Socialista reclama el mantenimiento del carácter público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y la defensa de su plantilla en la provincia de Huelva.

Rubén Rodríguez ha manifestado que, “recientemente, se han mantenido reuniones con trabajadores y trabajadoras de la APPA que han trasladado su preocupación ante posibles procesos de privatización de servicios públicos en los puertos de su competencia”. Asimismo, desde organizaciones sindicales como CSIF, mayoritaria en el Comité Intercentros de la APPA, se ha denunciado un déficit estructural de personal cercano al 30%, así como la necesidad urgente de negociar un nuevo convenio colectivo adaptado a la realidad actual, tras años soportando condiciones laborales precarias”.
En esta línea, el portavoz socialista ha criticado la intención del PP en la Junta de incrementar la participación privada en la gestión de los puertos, lo que podría suponer la cesión de servicios públicos a entidades privadas.
Rubén Rodríguez ha advertido que “en la provincia de Huelva, donde la actividad portuaria está estrechamente vinculada al tejido productivo local, cualquier proceso de privatización puede tener un impacto negativo en el empleo, la economía local y la calidad del servicio”.
Así, ha destacado la importancia estratégica de los puertos andaluces y, en particular, de los enclaves onubenses, que desempeñan un papel fundamental en la actividad económica de la provincia, especialmente en los sectores pesquero, turístico y recreativo, siendo además generadores de empleo directo e indirecto.
En el caso concreto de la provincia de Huelva, existen varios puertos gestionados por la Junta de Andalucía a través de la APPA, entre los que destacan: Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón (Lepe), Punta Umbría, Mazagón, El Rompido (Cartaya) y Sanlúcar de Guadiana.
Por todo ello, la moción propone mantener el modelo de gestión pública de los puertos, paralizar cualquier proceso de privatización, iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo y reforzar la plantilla para garantizar un servicio eficiente y unas condiciones laborales dignas.

