El PSOE de Manzanilla ha elevado una moción al pleno para pedir al alcalde del PP, Francisco Javier Serrano, y a su equipo de Gobierno que se posicione y pida la suspensión de la subida tarifaria de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), “porque ni es justa ni equitativa, y los perjudicados son nuestros vecinos y vecinas”.
Es por ello que los socialistas han elevado una moción al pleno para, en primer lugar, instar a la MAS a que revise el sistema de votaciones para decisiones de impacto tarifario, garantizando que solo los municipios afectados por las subidas puedan votar sobre estas medidas, tras la adhesión reciente de Cartaya, La Palma del Condado y Palos de la Frontera, limitando su participación, exclusivamente, al servicio de agua en alta.
Para los socialistas, “esta adhesión, lejos de fortalecer el equilibrio en la toma de decisiones, ha generado una situación de desigualdad dentro de la propia Mancomunidad”. Así, han indicado que todos los municipios que forman parte de la MAS con la totalidad de sus servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de residuos asumen una serie de costes y responsabilidades que no afectan a los nuevos miembros, pero que, paradójicamente, sí contarán con capacidad de voto en decisiones clave para el funcionamiento y sostenibilidad económica de la entidad”.
“Esta desproporción se agrava -han remarcado- con la reciente propuesta de incremento tarifario de estos servicios, en la que los votos de los tres nuevos municipios serán determinantes, pese a que sus ciudadanos no se verán perjudicados por el aumento de precios”.
Por tanto, -han indicado- “esta situación genera un evidente agravio comparativo para aquellos municipios que dependen íntegramente de los servicios de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), quienes verán incrementado el coste de los servicios sin que el impacto recaiga equitativamente en todos los miembros de la mancomunidad”.
Para el PSOE de Manzanilla, “permitir que ayuntamientos no afectados sean decisivos en la toma de decisiones sobre tarifas supone una vulneración del principio de equidad y pone en riesgo la legitimidad del proceso”, por lo que solicitan la suspensión de cualquier incremento tarifario hasta que se establezca un mecanismo de decisión justa y equitativa que tenga en cuenta la afectación real de cada municipio; así como una reforma en los criterios de votación y representación dentro de la entidad”.