El portavoz del Grupo Socialista en Giahsa y MAS, Juan Antonio García, ha exigido explicaciones a la dirección de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) después de que la Justicia haya estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Bonares y declarado nulo el acuerdo de incorporación de La Palma del Condado y Palos de la Frontera a la MAS, en lo relativo al agua en alta, dejándolo sin efecto por su disconformidad a Derecho.
Según García, “la Justicia vuelve a dar la razón a los ayuntamientos socialistas que votamos en contra. Lo dijimos en su momento: aquella incorporación no cumplía con los estatutos de la MAS. Ahora una sentencia judicial declara nulo el acuerdo”.
El dirigente socialista ha recordado que el pasado 24 de abril Giahsa afirmó públicamente que la Justicia había avalado la incorporación de Cartaya a la MAS, pese a que aquella resolución se encuentra recurrida ante el TSJA. “Desde la dirección de la MAS, gobernada por el PP, quisieron vender que todo estaba resuelto y que la Justicia les daba la razón. Hoy queda demostrado que no es así. Hay otra sentencia que declara nulo un acuerdo fundamental para la configuración de la MAS”, ha indicado.
Para Juan Antonio García, la resolución judicial abre un problema de enorme calado para la Mancomunidad, porque obliga a revisar las consecuencias de todos los acuerdos adoptados con posterioridad a esa incorporación.
Por ello, ha advertido que “el PP no puede seguir haciendo como si aquí no hubiera pasado nada. Si la Justicia declara nulo el acuerdo de incorporación, hay que saber qué efectos tiene sobre las decisiones tomadas después. Y entre ellas está el famoso tarifazo que el PP ha impuesto a los usuarios”.
El portavoz socialista ha reclamado a la dirección de la MAS que explique qué seguridad jurídica tienen los acuerdos adoptados desde entonces y, especialmente, qué consecuencias puede tener esta sentencia sobre el incremento de las tarifas.
Además, García ha reivindicado la posición mantenida por los ayuntamientos socialistas: “Votamos en contra porque entendíamos que no se estaba cumpliendo la legalidad y los estatutos de la MAS. Hoy la Justicia nos da la razón. Mientras tanto, el PP ha seguido tomando decisiones y cargando sus consecuencias sobre los ciudadanos”.
Por último, ha incidido en que “el PP tiene que dejar de esconderse detrás de comunicados y dar explicaciones. La MAS necesita transparencia, rigor y seguridad jurídica. Y los usuarios tienen derecho a saber si el tarifazo que están pagando se ha construido sobre decisiones que ahora están siendo declaradas nulas por los tribunales”.